El asesinato de líderes sociales es una de las problemáticas que más aquejan al país, enlistándolo en los primeros puestos de los países más violentos del mundo y ocupando el primer lugar en desplazamientos forzosos internamente, sobrepasando a Siria.

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Aunque el Estado colombiano ha fortalecido el método de protección para estas personas, creando sistemas como la “Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)”, el “Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM)”, y el “Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO)”, siendo éste el más recurrente para implementar seguridad a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, no han sido suficientes las garantías para salvaguardar la vida de esta comunidad.

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En el 2018, aumentaron los ataques hacia los defensores y líderes en Colombia, dejando a la región andina como la zona más hostigada y la que mayor cantidad de homicidios tuvo, con un registro de 32 personas liquidadas, en consecuencia, 16 fueron del departamento de Antioquia. La mayoría de víctimas fueron asaltadas por nuevos grupos armados y otros colectivos insurgentes como las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” o “Clan Úsuga, rebautizados por el gobierno como el Clan del Golfo)”, también sufrieron agresiones por el Ejército Popular de Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN), y Bandas Criminales (Bacrim), de las cuales no se tiene registro hasta el momento.

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Este informe, evidencia con detalle las 32 vidas que fueron acribilladas de la región andina en sus respectivos departamentos en el año 2018. Los hechos investigados están soportados bajo registros de las organizaciones: Indepaz,  Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ideas verdes, La paz en el terreno, entre otras.

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«En memoria a los caídos»